Hace unas semanas, el diario La República presentó una noticia alarmante: más de 350 edificaciones en Chiclayo amenazan con colapsar. Lejos de disminuir, este número continúa en aumento, según el jefe del Centro de Defensa Civil y Gestión de Desastres de Chiclayo, Lic. Óscar Petroni Arana.

En el año 2011, se reportó que alrededor de 40 casonas coloniales en el centro de Chiclayo presentaban alto riesgo de derrumbe. Su restauración dependía de un proceso administrativo ante el entonces Instituto Nacional de Cultura, que ayudara a mantener su intangibilidad y así evitar se fueran alquiladas para galerías y centros comerciales, como estaba sucediendo.

Por el 2019, el número estimado de viviendas y locales antiguos cuyo deterioro las haría colapsar, en cualquier momento, eran no menos de 150, pudiendo afectar gravemente la vida de 500 familias, aproximadamente.

El 2023, en el inicio de la gestión de Lic. Oscar Petroni, se inició con la notificación de 250 viviendas en condición de alto riesgo por su antigüedad, incluyendo aquellas que fueron declarados como patrimonio cultural.

Uno de los casos más preocupantes es una casa antigua ubicada en la intersección de las calles María Izaga y Juan Cuglivan (N° 599), donde, el año pasado, uno de sus balcones colapsó sin causar daños físicos a los transeúntes. Sin embargo, esta edificación de dos pisos sigue representando un grave peligro, tanto por su ubicación en una zona muy concurrida como por la posibilidad de afectar inmuebles cercanos.

En agosto de este año, la propietaria del inmueble respondió a las notificaciones informando que había iniciado el procedimiento para obtener la licencia de demolición total. Afirmó también que adoptaría las medidas de seguridad necesarias durante el proceso. Sin embargo, el apuntalamiento que sostenía la fachada fue retirado, lo que obligó al Centro de Defensa Civil a intervenir nuevamente, colocando un nuevo apuntalamiento y un anuncio rojo que advierte del peligro de transitar cerca del edificio, al que pocos parecen prestar atención.

Hace un menos de un mes, el 13 de setiembre, Flor Arroyo Aguirre, de 65 años, se levantó tranquilamente a realizar sus faenas diarias desde muy temprano. Cuando se disponía a alimentar sus animales, la pared de la casa contigua se desplomó sobre ella, aplastándola y provocándole la muerte. La irresponsabilidad y la negligencia acabaron con su vida. 

El Ing. Carlos Antonio Balarezo Mesones, presidente de la Comisión de Gestión de Riesgos de Desastres del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, ha indicado que el estado de las casonas en Lambayeque fue evaluado desde hace ya varios años de la mano del programa Ciudades Sostenibles de la ONU, y que las autoridades no han hecho nada al respecto a pesar de que se les dieron a conocer los resultados de los estudios.

Sin embargo, aclara un dato más que llama la irremediablemente la atención, ya que no sólo involucra a los inmuebles registrados como patrimonio cultural, sino sobre la forma en la que se viene realizando la construcción de infraestructuras en las zonas urbano-marginales de Chiclayo: más del 70 % de estas las viviendas erigidas carecen de licencia de construcción debido a la autoconstrucción sin un asesoramiento técnico adecuado, aumentando el riesgo de vulnerabilidad ante fenómenos naturales. Esta práctica ilegal, favorecida por la falta de supervisión, a menudo se ve agravada por actos de corrupción que permiten la construcción sin cumplir normativas de seguridad, poniendo en riesgo a sus habitantes y al entorno.

El mal estado de las infraestructuras y la proliferación de viviendas mal construidas incrementan el riesgo de colapso ante fenómenos naturales como lluvias intensas provocadas por el fenómeno El Niño o movimientos telúricos, lo que podría desencadenar una serie de tragedias en Chiclayo. Sin embargo, es posible reducir estos riesgos si se toman las medidas adecuadas.

Es fundamental que las instituciones gubernamentales encargadas actúen con urgencia, colaborando de manera eficaz para salvaguardar la vida y la integridad de la comunidad. A pesar de la irresponsabilidad de algunos propietarios y las trabas legales relacionadas con inmuebles declarados patrimonio cultural, que requieren autorizaciones para su intervención, la prioridad debe ser la seguridad ciudadana.