Un funcionario, sea el presidente, ministro o congresista, debe tener claro que los recursos de los que dispone del Estado no son bienes comunes como el sol, el aire o el agua, sino bienes públicos, capitales sociales acumulados del conjunto trabajado por la colectividad, a través de impuestos que no se pueden dilapidar ni disponer individual ni grupalmente. Se trata de servir al Estado, no de servirse del Estado para beneficio personal.

El principal factor que impide que esta concepción de la función y la responsabilidad ética de los funcionarios de la gestión pública se respete, en áreas del mundo con grandes diferencias sociales y económicas como el Perú, es la inserción de la institución estatal en el  marco de una tradición y práctica administrativa que considera cualquier entidad gubernamental como un bien común o libre y natural, visto como un privilegio en disputa por los diversos actores o agentes de la formación social. Esta determinación estructural e histórica impone a la universidad pública latinoamericana, en general y peruana en particular, una visión de corto plazo, una perspectiva sesgada hacia la coyuntura, a los intereses del momento, que impide a las comunidades académicas, de las entidades de educación superior nacionales, la posibilidad de una planificación orientada hacia un horizonte de desarrollo sostenible y promisorio. 

La gran mayoría cree que los organismos estatales, como la universidad pública, por su extensión y características es un bien común; es decir, un bien natural semejante al sol o al aire, que ha surgido en forma espontánea para beneficio de todos los seres humanos, por lo que consideran que a nadie se le puede excluir de su disfrute. Esta concepción errónea confunde una entidad surgida de la acción social y los recursos de la colectividad, la nación y el Estado con un objeto natural baldío y abandonado, solo para apropiarse de su beneficio en términos individuales y oportunistas. En lugar de proteger y utilizar de manera responsable los recursos que son de todos, esta visión aplicada sobre una entidad pública, como un ministerio, un hospital o la universidad en general, genera problemas graves de gestión y degradación moral y, como sabemos, la pérdida de su capacidad de servicio. 

Un ejemplo de esta falsa ética del bien común la hemos vivido hace poco en relación a las vacunas para el coronavirus. Las 487 vacunas entregadas gratuitamente y disponibles debieron ir a los médicos que enfrentaban la pandemia. Muchas muertes de profesionales ejemplares se hubieran salvado. En medio de la carrera electoral por ocupar un escaño, la conducta silenciosa y escondida para aprovecharse del cargo no resulta lo más patético, sino que ninguno, ni uno solo de los casi quinientos beneficiados no hubiera rechazado y denunciado públicamente la propuesta. Si consideramos que entre los involucrados están también integrantes de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, entidad privada orientada a la formación de profesionales de las ciencias de la salud, la vida y la educación, ante la evidencia surge inevitablemente un cuestionamiento clave.

Este grave caso de uso indebido y antiético de los recursos de la nación pone al desnudo el fracaso de la educación nacional en general y, en particular, la ineficacia de la ley de promoción de la inversión privada dada por Fujimori en 1996. Incorporar como un factor para mejorar la enseñanza el afán de lucro y la ganancia lo único que consigue es desvirtuar la formación integral de los jóvenes. En lugar de educar a profesionales con una conciencia ciudadana indispensable para una convivencia democrática se incentiva el egoísmo y el interés monetario. Este es el origen de esta falta de responsabilidad ética que estamos apreciando como una conducta generalizada.

Asimismo, al evaluar a las universidades públicas con los mismos criterios de las privadas, la nueva ley universitaria amplía el error, pues la proyección social de la formación de la educación pública se tergiversa al considerarla orientada hacia el mercado y la ganancia como en estas al servicio de la inversión privada. Evidentemente, la formación de un veterinario, un médico o un ingeniero en una universidad pública no puede estar orientada hacia la atención de las mascotas de los sectores pudientes, el enriquecimiento personal frente a los problemas de salud de la población de altos recursos ni hacia proyectos de centros comerciales y viviendas lujosas de las corporaciones inmobiliarias. 

En Europa y otros países desarrollados, la educación universitaria es gratuita porque se tiene clara conciencia de la importancia para la formación ciudadana de la proyección social en la enseñanza para garantizar la salud de la población, oportunidades laborales y servicios básicos para todos. En el Perú, buscar mayor ingesta de proteínas con la crianza de cuyes o alpacas, eliminar las enfermedades endémicas en la niñez y el proponer obras de infraestructura energética renovables son ejemplos idóneos para ilustrar la diferencia sustancial en la formación profesional de veterinarios, médicos e ingenieros que solo una universidad pública puede promover.

Por otro lado, el que en este escándalo estén involucrados destacados investigadores universitarios plantea el problema de la carencia en la formación académica de la perspectiva de la ética de la ciencia y la investigación científica. Desde la óptica inherente a la práctica científica en cualquier nivel existe una ética en la investigación muy importante cuando se lleva a cabo un experimento. Esta debe ser aplicada en todas las etapas de la investigación, desde la planificación y la realización hasta la evaluación del proyecto de investigación. No debe ser considerada una añadidura novedosa a la ciencia, sino integrada en todas las labores de investigación científica. Esta ética no solamente intenta aclarar los valores morales del trasfondo de la actividad, sino que sustenta su discusión pública, el nuevo diálogo entre ciencia, comunidad académica y sociedad.

Mientras no se cambie la orientación global de la educación, se investigue, enjuicie y encarcele a los responsables de tanto latrocinio, el virus de la corrupción seguirá incubándose en el sentido común de la mayoría de los profesionales y de la clase política peruana que compite electoralmente cada cinco años, en espera del momento de cometer sus fechorías, pues llegan al gobierno para servirse del Perú y no para servir a todos los peruanos. Por eso, el próximo 6 de junio, ¡cuídate peruano de huesos fidedignos del lobo disfrazado de cordero! ¡No votes por el mal menor, sino contra la corrupción responsable del desgobierno actual y de la crisis!

Ilustración: ABC.