En nuestro país han ocurrido algunos hechos que parecen increíbles o fantásticos, pero son totalmente verdaderos. Un congresista fue elegido Presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, pero antes lo había denunciado la Fiscalía de la Nación por delitos de corrupción y vínculos con “Los temerarios del crimen” cuando fue Contralor de la República; asimismo, se descubrió que los certificados de estudios escolares de una parlamentaria eran falsos; otra fue denunciada por haber falsificado su Documento Nacional de Identidad, lo hizo pare evitar  porque las denuncias la inhabilitaran a postular; estos caso son solo una muestra de la corrupción institucionalizada que ha invadido todos los organismos de la nación. 

En anteriores artículos, hemos señalamos este mal como el causante de nuestro problema como nación. Crisis advertida por la comunidad internacional y explicada, pero no justificada, por la inmadurez de nuestra democracia que parece naufragar periódicamente en manos de sectores políticos que se disputan el gobierno del Estado como un botín. Por ello fue muy importante respaldar en su momento la movilización de los jóvenes del país a fines del año pasado, que hizo retroceder al presidente golpista y su gabinete conservador y fascista, y restauró el orden constitucional, pero advertimos que era necesario enfrentar la raíz del problema del crecimiento y empoderamiento de las prácticas delincuenciales y autoritarias en las últimas tres décadas de la historia patria. 

¿Cómo llegó a crecer tanto delito? ¿Cómo estos cuadros sin formación y competencias profesionales invadieron organismos tutelares de la nación? ¿Por qué buscaron cambiar la ley de reforma universitaria, eliminar la superintendencia de educación superior, dar la oportunidad a las universidades no licenciadas y permitir nuevas universidades negocio? Trataron de defender el espacio o el medio académico que les permitió crecer: la permisividad y tolerancia de una educación sometida al dinero, mediocre, que otorga títulos a nombre de la nación sin control de la calidad de sus egresados. Gracias a esta subasta de grados académicos huecos, en veinte años de gobiernos corruptos y autoritarios (Fujimori y Alan) los cuadros mediocres y anuentes han invadido todos los ámbitos públicos y privados, difundiendo y generalizando la ilegalidad en la actividad pública y privada. 

No superaremos esta grave enfermedad social si no diagnosticamos la causa que explique esta contaminación. Como en el caso del coronavirus no se trata solamente de un foco reducido de organismos antisociales, sino todos hemos, en mayor o menos medida, contribuido a esta pandemia cultural y mental. La escandalosa abstención de cuatro integrantes del Tribunal Constitucional frente al golpe perpetrado por 105 congresistas, responsables de la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado, de la crisis del gobierno del país en medio de la emergencia sanitaria y las gravísimas consecuencias económicas para toda la población, nos permite ilustrar el factor que nos hace cómplices indirectos de este problema incubado en años de indolencia e indiferencia: el delito de omisión. El lavarnos las manos, es decir que la falta, pequeña o gigante, por sustracción de materia, es decir, porque ya pasó, pasa impune, no se sanciona a los responsables. 

La omisión, en derecho, es una conducta que consiste en la abstención de una actuación que constituye un deber legal. ​Si se cumplen los requisitos legales, la omisión puede constituir un delito. Lo ocurrido en el Tribunal Constitucional nos pone ante la evidencia de infinidad de casos o situaciones que casi todos hemos vivido, asistido o experimentado. En cualquier ámbito de la actividad social, institucional, laboral, administrativa, etc., nos hemos encontrado con arbitrariedades, decisiones injustificadas, soluciones ilegales, que hemos aceptado y callado por temor a represalias, sanciones, despidos y consecuencias desastrosas para nuestra familia. Nos hemos dicho: “no es mi directa responsabilidad”, “no creo que funciones”, “tal vez no pase nada”, etc., para hacer oídos sordos, tripas corazón, callar en mil idiomas.

Sin embargo, ese pequeño asunto, momento, problemita que parece pasará se acumula y siempre tiene peores consecuencias. Así como al votar “por el ganador”, “el mal menor”, “porque prometió tal cosa”, etc., es decir sin conciencia y madurez, significa hipotecar, entregar a un caudillo paternalista desconocido nuestro futuro, al tolerar la impunidad frente a actos corruptos o ilegales propiciamos, alimentamos la corrupción que crece impune. No nos salvará el endosar la solución de los problemas de nuestra nación a individuos carismáticos sin programas o propuestas y tampoco el hacernos los ciegos y mudos frente a injusticias y atropellos. Tenemos que predicar con el ejemplo para que nuestros jóvenes tengan posibilidad de un mañana diferente. 

Enfrentamos en el Perú y el mundo tiempos difíciles que ponen en cuestión y debate el egoísmo individualista, el afán de lucro, la inequidad económica, la destrucción y contaminación del medio ambiente, al exigirnos valores de solidaridad, cooperación y cultura de diálogo para construir un mundo más igualitario, con salud y educación para todos, para un desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza. Conservar y defender las normas institucionales que constituyen simbólicamente la posibilidad de una convivencia articulada nos demanda una tarea de educación y conversación entre todos como nacionalidad. Estos actos de lenguaje crean y mantienen nuestra comunidad imaginada, pero requieren de intencionalidad colectiva, imposición de función y declaraciones de estatus consensuales. Al dejar de confirmar las funciones colectivas socavamos los cimientos del mundo social donde vivimos. 

Por esto es tan importante tener capacidad de rechazo e indignación ante cualquier atropello o violación de lo establecido por las leyes y normas democráticas. Desde esta perspectiva, ante la imposibilidad en el corto plazo de establecer una nueva constitución que corrija los excesos y vacíos aprovechados por la corrupción institucionalizada, está en nuestras manos conversar, dialogar y, si es necesario, movilizarnos en defensa de nuestra patria para crear conciencia crítica en la mayoría de que, lo que está en juego, es el futuro de nuestros hijos y nietos. La impunidad propicia la imitación que fortalece a los corruptos. No es terrorismo defender al Perú, solo un deber ético.