Según la Contraloría General, el cálculo del costo de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú ascendió a nueve mil setecientos veintisiete (9,727) millones de soles en el 2019. Se hubiera podido disponer con ese dinero de muchísimos hospitales, escuelas, carreteras, puentes, aeropuertos y otras obras, para enfrentar la pandemia y evitar muertes, exclusiones y reducir la pobreza.  El abuso del poder para beneficio propio o de terceros es hoy en el mundo y, particularmente en el Perú, un asunto de política pública de primer orden, pues la ineficiencia que genera este tipo de conductas acarrea graves perjuicios a la población de bajos recursos, que es la gran mayoría. 

El primer paso para revertir los efectos de la corrupción es la identificación del tamaño de la misma, pues hacer visible su volumen permite tomar conciencia de la imperiosa necesidad de combatirla para lograr un desarrollo sostenible. En la medida que la economía peruana creció, en su lucha contra la crisis heredada de los gobiernos neoliberales, se convirtió en la tercera economía en crecimiento de América del Sur. Lamentablemente, dicho esfuerzo de la nación condujo al fortalecimiento de sobornos, coimas y prácticas delictivas que convirtieron su frecuencia de esporádica o reducida a su institucionalización y expansión en toda actividad y región.

El segundo paso consiste en sancionar con todo el peso de la ley a los corruptos para que sus delitos no queden impunes. Desde esa perspectiva, lo acontecido en el reciente proceso presidencial en el país tiene una repercusión simbólica excepcional para el futuro de nuestra nación. La condición singular, que ubicó a nuestra patria en el centro de la atención mundial, ante la posibilidad de la elección como Jefe de Estado de una candidata procesada por liderar una organización criminal, se descartó finalmente. Gracias al voto popular, que le produjo su tercera derrota consecutiva, se asestó un duro golpe a la corrupción institucionalizada y afianzó la labor fiscalizadora del Estado. ¿Por qué es tan importante para una nación encarcelar a los corruptos?

En el 2006, el descubrimiento de las neuronas espejo por un equipo italiano de neurociencia, a cargo de Giacomo Rizzolatti, cambió en la comunidad científica la comprensión de la importancia del aprendizaje por imitación para la evolución del homo sapiens. Los humanos poseemos neuronas espejo especializadas, cuando imitamos mentalmente la acción de alguien estamos creando una ficción, que mediada por el lenguaje al ser interpretada y reforzada se incorpora a nuestra memoria. A partir de la capacidad de imitar, se establece la actitud en la memoria a largo plazo como una respuesta que posibilita la adaptación del medio ambiente social a las necesidades del ser humano independiente de la presencia del estímulo. 

Con otras palabras, el aprender por imitación constituye una forma de cognición del hombre como ser social. Los niños aprenden el lenguaje por imitación participando en juego verbales imaginativos y ficcionales. Las personas de una comunidad asumen su conducta ciudadana de respetar las normas de tránsito, jurídicas, económicas, sociales, etc., imitando a sus semejantes. Asimismo, cuando las conductas negativas como la corrupción, la agresividad o la prepotencia se vuelven dominantes se impone la necesidad de la sanción para que, al negarse la impunidad, la cognición social retome las prácticas de convivencia civilizada como garantía de existencia cooperativa y se las imite prioritariamente. Por esto resulta esencial para la vida democrática del país imponer prisión contra el delito de corrupción.

Sin embargo, esta práctica delictiva que el sentido común erróneamente justifica con frases como “Roba, pero hace obras” o “Todos son corruptos”, no se limita al cohecho o a la felonía de cuello y corbata; es decir, la de gobernantes y funcionarios que involucra millones de soles. Existe una coima, un soborno más perjudicial que impide la reducción de la pobreza y de la desigualdad en el Perú: la pequeña corrupción. De acuerdo con un trabajo de la Universidad del Pacífico, “los pobres tienden a gastar una proporción mayor de sus ingresos por concepto de coimas exigidas por los funcionarios públicos en servicios tan escasos para ellos como la policía y salud, además de los casos de gobiernos regionales y ministerios”. Esta “pequeña corrupción” afecta principalmente los ingresos y oportunidades de acceso a servicios de las familias con menores recursos. Varios estudios han establecido que los pobres destinan el 5 % de sus ingresos al pago de coimas.  

Si calculamos en forma general este porcentaje destinado a sobornos de la población de los segmentos C, D y E, nos encontraríamos con una cifra anual de mil setecientos treinta (1,730) millones de soles al año que se pierden por los sobornos de hormiga o menudos. Así que la corrupción no se trata solo de grandes obras públicas, sino que involucra a la minorista, cotidiana y doméstica que se da en trámites burocráticos y en el acceso a servicios básicos que imponen también un costo económico sobre las familias. El profesor que cobra para aprobar, el médico que receta análisis o radiografías innecesarias, el farmacéutico que oculta el medicamento básico para ganar con el más caro, etc., son ejemplos de la esta modalidad nefasta. ¿Cómo funciona esta lacra que se extiende como un cáncer por todo el tejido social? El factor clave para su existencia y difusión es el de nuestro título: el Principio de Tolerancia. Expliquemos brevemente esta noción.

A diferencia de la corrupción de las altas esferas, que suelen acordar en forma directa los sobornos e incluso exigirlos airadamente, el ciudadano común nunca se enfrenta al discurso explícito de la coima, pues para funcionar de modo efectivo debe estar mediado por el lenguaje y su función articulatoria. Estos hechos de cohecho no se explicitan, solo se sugieren o se infieren por su naturaleza implícita. Por ejemplo: el conductor que comete una infracción, el padre de familia que paga a un profesor para que ayude a su hijo en el examen virtual, el comerciante que inyecta agua a los pollos para que pesen más, etc., todos ellos justifican el dinero que pagan o el pago ilegítimo que recibirán con el principio de tolerancia ante una falta que consideran minúscula, insignificante y que no acarrea grandes perjuicios por su reducida dimensión. Es decir, son tolerantes ante aquello que en forma indirecta propone o alienta la falta que cometen. 

El problema de este tipo de anuencia consiste en que, a diferencia del gran soborno o la coima institucionalizada, siete de cada diez peruanos se muestran tolerantes ante este tipo de conducta. Hay un principio de tolerancia excesivo que, en lugar de acostumbrar a los ciudadanos a respetar la ley, propicia su evasión por considerarla inocua. Error grave, en lugar de aceptar pagar la infracción cometida, exigir al hijo que estudie o proponer formas para vender con valor agregado sus productos, se evade la responsabilidad y se incentiva el cohecho. Es decir, no se toma conciencia de que no se combate la injusticia con el engaño, la falsedad porque lo que se consigue es incrementar y fortalecer la desigualdad al castigar al más necesitado.

Asimismo, obvian la reproducción de dicha conducta antisocial en su propio entorno familiar. ¿Cómo exigir a los hijos respetar la ley cuando han sido testigos que sus padres o familiares no lo hacen?  Ningún país puede derrotar a la corrupción sin la activa participación de todos los ciudadanos. La tarea para reducir y eliminar sobornos y coimas tiene que ver con la educación en el sentido más amplio en nuestra sociedad. Educar en el hogar, en el colegio y universidad, y en la vida cotidiana en el respeto a toda persona sin menoscabo de sus derechos que no diferencian en cuestiones de edad, género, lengua, ideología o creencia. Avalar o encubrir la corrupción acostumbra a la juventud a la tolerancia y valida la impunidad. Eliminar la coima es la tarea que debemos asumir todos los peruanos demócratas que amamos al Perú y deseamos un país unido y libre para el futuro.