¿Cuántos peruanos forman parte de las redes corruptas del Perú? Si en términos globales nuestra población es de 32 millones y medio, habrá que recortar unos 11 millones constituidos por inimputables de 0 a 17 años. De los 21 millones y medio restante, podemos excluir a los 4 millones de jóvenes en plena formación que por su etapa de aprendizaje aún no integran mafia alguna. Asimismo, de los 17 restantes tendríamos que reducir los adultos mayores de 75 a más años, la mayoría de los cuales están jubilados o apartados de protagonismo –salvo excepciones muy puntuales-, que suman 2 millones aproximadamente. De los 15 millones que quedan, tenemos que restar a la población de bajos recursos (D y E) que son excluidos del sistema económico y constituyen 9 millones de la población (60 %). Finalmente, de los 6 millones que quedan deberos restar el 21 % que vive en zona rural alejada de los espacios urbanos, escenario fundamental de sus prácticas ilegales. Nos quedan 4 millones ochocientos ciudadanos en donde se ubican los grupos y castas corruptas.

Según los estudios sobre la corrupción en el Perú, esta ha existido desde inicios de la república y se mantuvo en términos relativamente bajos (1%), mientras nuestra economía era pequeña y el Estado patrimonio de familias herederas del virreinato y la colonia. Cuando la crisis de la década del ochenta impulsó a los sectores laborales y a los ciudadanos en general a un esfuerzo productivo, la población creció: de 11 millones en 1965 a casi 22 millones en 1995. Nuestra economía adquirió su condición de emergente con una mediana dimensión, que en la segunda década se convirtió en la cuarta sudamericana. Uno de los grandes beneficiados por este auge económico fue la corrupción que pasó de ser reducida, dispersa y esporádica a institucionalizarse como un sistema formal que incluía la representación política y parlamentaria, la tecno burocracia estatal, el poder judicial y electoral, la fuerzas militares y policiales, los medios de comunicación y el sistema educativo nacional.

¿Cuánto creció la corrupción en términos poblacionales en este periodo de 25 años? Si consideramos que era 220,000 (1 % de la población) en 1995, si proyectamos dicha taza al presente serían 320,000 respecto a la totalidad de los 32 millones. Sin embargo, si aplicamos a los 4 millones ochocientos serían 48,000 integrantes. Obvio, tenemos que considerar que su crecimiento hacia la institucionalización (constatable simplemente si consideramos que todos los presidentes –con la honrosa excepción de Paniagua- han terminado en la cárcel, enjuiciados, no habidos e incluso suicidado), podemos ampliar el porcentaje a mínimo un 10 %; es decir, unos 480,000 miembros. En otros términos las mafias que han lucrado con el esfuerzo de la nación durante décadas constituyen un sector conformado por medio millón de integrantes.

Es decir, se trata de una organización criminal de una magnitud considerable, que por la fuerza laboral que dispone resulta ser el grupo económico más poderoso del país. Hemos tenido evidencia que corrobora esta afirmación, antes de declararse la pandemia, por los sucesivos destapes y denuncias que establecen transacciones con los principales consorcios financieros del país, muchos de sus líderes han reconocido públicamente el haber concertado pagos y acuerdos. Sin embargo, en muestra de cinismo han declarado que “no tenían conocimiento” de la naturaleza criminal de sus negocios. Lo cierto es que esta corporación delictiva ha sido la que ha obtenido las mayores ganancias del proceso de reactivación y crecimiento que en dos décadas los millones de ciudadanos trabajadores y honestos, con sus familias, hemos logrado ubicar al Perú en el escenario mundial como una nación de economía emergente. Tal vez, sin esta lacra vampira y voraz, si hubiéramos invertido en desarrollo social los miles de millones que se robaron, estaríamos considerados modelo de país desarrollado.

Esta idea nos lleva al tema de la lucha contra la corrupción. En realidad han sido factores circunstanciales y azarosos que involucran actitudes éticas aisladas no estructuradas ni sistemáticas entre sí las que han permitido visibilizar la existencia de este sistema delictivo organizado. Disidencias internas, venganza y pugnas intestinas, ejemplos excepcionales de ética periodística, inéditas vocaciones fiscalizadoras, colaboraciones eficaces, casualidades y suerte, etc. Asimismo, por el creciente éxito en sus actividades y la creencia de que iban a manejar el Perú durante las décadas futuras, ha sido la soberbia del poder, el hacer ostensión de sus signos de riqueza y la prepotencia de sus integrantes la que ha sido determinante en el destape de sus miserias morales y parasitismo. La indignación y consecuente movilización de la mitad y un poquito más de la población consiguió detener a esta organización criminal que pensó tener segura, otra vez, la conducción del país. 

Esta escasísima diferencia muestra lo arraigado que estaba el sistema de corrupción nacional, cuyo goteo de dinero asistencialista bastaba para lograr  aceptación complaciente de su existencia por muchos, que incluso cerraban los ojos ante lo denunciado y que después, ante los juicios, el encarcelamiento y la fuga de muchos de sus cabecillas, optaron por el silencio. La cuarentena e inmovilidad social para enfrentar la pandemia ha distraído la mirada de la nación enfrascada a la lucha contra el coronavirus, pero esto no significa que la corrupción sistemática en el Perú esté desactivada ni mucho menos. Más aún si se vislumbra una recesión económica futura y que las elecciones para el cambio de gobierno están muy cerca, los corruptos están muy activos. A diferencia de los 4 millones honestos de la población económicamente activa que estamos abocados en el trabajo para salir adelante frente al virus y la crisis, el medio millón corrupto, que ha acumulado recursos y dinero, que sigue activo y ponzoñoso como el covid19, sigue trabajando cotidianamente para rebrotar, volver en abril 2021.

La corrupción organizada y legitimada en el Perú mantiene un arraigo latente. Pese a lo expresado por la demagogia de los discursos, no ha sido derrotada y puede regresar más virulenta y mortal. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos probos, que nos ganamos el sustento trabajando, respetuosos de las leyes y democráticos, contrarios a la discriminación y la prepotencia? Veamos lo que ocurre en un país hermano, de economía más fuerte y donde la corrupción y el narcotráfico han instalado un régimen estable: México. Su actual presidente enfrenta el corazón del poder político mafioso con un cambio constitucional clave: incluir la revocatoria presidencia como un derecho constitucional del pueblo. Es decir, que a partir de la inclusión de este artículo en la constitución de la nación todo candidato electo e instalado como Presidente de la nación será sometido a los dos años de su gobierno a un referéndum nacional para determinar su continuidad en el periodo elegido. Si la mitad más uno considera que no solo no ha cumplido con su programa o promesas electorales, sino que su actuación deja muchas sospechas éticas, y vota por la no continuidad de su mandato de inmediato cesa en sus funciones y se convoca a elecciones presidenciales a los sesenta días. Si estamos de acuerdo al respecto, sin distraernos de nuestras obligaciones, demos inicio a través de las redes sociales, los medios virtuales y los espacios cotidianos a una campaña a favor de que se apruebe la ley de modificación constitucional para que se incluya esta revocatoria presidencial.

Foto: Proética.