Afirmaba el viejo Carlos Marx que no es la conciencia de los hombres la que determina su ser social; por el contrario, es la realidad social y económica la que determina su conciencia. Esto significa que no son las palabras que dice un político lo que explica sus acciones, sino los cheques, cargos o ingresos los que determinan su conciencia o pensamiento. Ninguna época mejor que la que atravesamos para confirmar la verdad de este juicio. La crisis sanitaria en curso ha generado, además de muchos fallecimientos, desocupación y recesión económica que han obligado a millones a sobrellevar penurias económicas y escasez.

Sin embargo, no exclusivamente los 800 milmillonarios existentes en el mundo globalizado la han pasado muy bien, indiferentes a la angustia e inestabilidad del periodo. En todo el mundo, una copiosa casta integrada por 200 millones de privilegiados, integrantes de los sectores económicos altos (que gastan más de 110 dólares por dí­a) comparten dicho estatus. Por el contrario, 3,16 billones de personas en el mundo viven en la pobreza y 3,59 billones forman parte de la sufrida clase media (como seguramente tú amigo lector). Es decir, el vigente modelo económico distribuye en forma desigual no equitativa la crisis, tanto sanitaria como comercial y laboral.

El Perú no es la excepción, sino la confirmación del adagio: “En rí­o revuelto, ganancias de pescadores”. Solo que los peruanos alimentamos desde hace décadas a unos tremendos tiburones. La instalación de los actuales congresistas ha dado la ocasión para conocer, gracias a la difusión de datos por la prensa independiente y alternativa, lo que cuesta a la nación la labor de los “padres de la patria”. Entre los flamantes parlamentarios se repiten posturas obstruccionistas y discursos retóricos que aluden al pueblo, al paí­s, a la democracia; pero, detrás de esas frases vací­as hay un ser material y concreto que determina sus ideas y acciones. 

Este es el dinero que ganan por pertenecer a una casta privilegiada, cuyas golloré­as y cuantiosos beneficios no quieren perder. Esto explica que cada ciclo electoral se produzcan reacomodos y ajustes que tienen como resultado que sean los mismos rostros y nombres, incluso familias enteras, los que en décadas circulan por todo el aparato de gobierno nacional, regional, municipal, legislativo y ejecutivo.

Cada uno de los actuales congresistas significa un gasto mensual de 61 304 soles, al año (incluyendo un sueldo por fiestas patrias y otro por navidad) que implica un total de 860 000 soles anuales. Cifra que en cada nueva legislación se incrementa por sueldos de asesores, técnicos, coordinadores, etc., que inflan año a año el presupuesto parlamentario. Si multiplicamos esta cifra por los cinco años de sus periodos de gobierno, tenemos la increí­ble suma de cuatro millones trescientos mil soles, pero como son 130 congresistas, tenemos un gasto global de 560 millones de soles, suma astronómica que el país gasta en esta burocracia politiquera. El talante indolente de esta clase política frente al padecimiento de la mayoría de la población ha quedado registrado en el gesto oportunista y antiártico de Merino, ex presidente del congreso anterior, promotor del golpe de Estado y responsable directo de la violenta represión que ocasionó la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado. Este ha solicitado por los cinco dí­as que estuvo transitoriamente como presidente de la nación una cuantiosa pensión vitalicia, que contrasta escandalosamente con las mí­seras pensiones de miles de trabajadores jubilados y con las remuneraciones de servidores del Estado que realizan una sacrificada labor.

Las patéticas remuneraciones de los médicos del sistema de salud, de los profesores del sistema educativo, de los integrantes de las fuerzas policiales y de defensa civil, que ponen en riesgo su propia vida en el ejercicio de sus labores son un agravio en comparación a las planillas doradas de esta cúpula ineficiente. Tal vez consideren que, por tener una tarea especializada, que requiere preparación y calificación, la comparación no es adecuada. Sin embargo, esta clase política oportunista y mediocre ha dado muestras notorias de su falta de profesionalismo y ausencia de educación cívica básica cuando en reiteradas ocasiones han tenido que ser los organismos tutelares (Tribuna Constitucional, Poder Electoral, Poder Judicial, etc.), los que han corregido leyes aprobadas por carecer de sustento y estar en contradicción con la Constitución y otras leyes fundamentales. Es decir, como el acceso a las listas parlamentarias responde a cupos económicos, cualquiera puede terminar de congresista. Asimismo, se explica que los actuales y anteriores congresistas hayan intentado evitar toda reforma electoral que establezca medidas como que la designación de las listas partidarias se produzca por elecciones internas y criterios meritocráticos.

En tres décadas de gobiernos oportunistas y autoritarios, esta clase política ha crecido e incorporado en los cargos, puestos y responsabilidades propias del sistema de gobierno democrático a miles de funcionarios, administrativos y empleados que constituyen el sistema de la tecno burocracia del paí­s. Con notorias excepciones, todos estos burócratas han sido incorporados sin los méritos ni las competencias requeridas para sus funciones, pero con los requisitos de tí­tulos y experiencia previa otorgados por las universidades negocio que son fábricas de titulados, y la mayoría ha conseguido la experiencia requerida en puestos obtenidos como favores polí­ticos. La pandemia ha sido la excusa idónea para que en los últimos dos años esa distorsión llegue a extremos inusitados. Los casos de congresistas que falsificaron sus estudios primarios, los tí­tulos profesionales o que ocultaron juicios y denuncias flagrantes para ser parlamentarios o alcaldes, son solo una pequeña muestra de lo profundo del daño de esta corrupción institucionalizada.

La improvisación, el oportunismo y el populismo son las tres tendencias ideológicas que convertidas en dominantes en las últimas tres décadas en el paí­s alimentan la inestabilidad y la crisis. Estas posturas políticas han socavado las normas y reglas comunitarias, los criterios éticos de respeto al mérito y al trabajo responsable, para inducir un creciente individualismo e imponer la defección y el culto al dinero en lugar que la solidaridad, la cooperación y el bienestar colectivo. Como hemos señalado antes, la única salida a esta profunda inestabilidad social y cultural radica en el largo plazo (10 a 15 años), con el instrumento de una profunda reforma educativa aprobada y asumida por consenso nacional. Lamentablemente, en lugar de la unanimidad al respecto, son iniciativas dispersas y desarticuladas que pretenden un cambio de arriba hacia abajo con leyes, reglamentos, comisiones integradas por personajes sin trayectoria ni í­ndices internacionales de investigación cientí­fica ni conocimiento alguno sobre los modelos nacionales o regionales de ciencia y tecnologí­a.

Por ejemplo, el recién aprobado tercer Reglamento de Calificación, Clasificación y Registro de Investigadores al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (RENACYT) establece una óptica  que obvia la tradición y experiencia de cuadros antiguos que llevan décadas con una amplia producción académica, al reducir a tres años su valoración, deja de lado las publicaciones del Perú y América Latina e ignora otras importantes, al otorga puntaje reducido a libros y capítulos debidamente calificados. En tal sentido parece estar elaborado para beneficiar a una élite burocrática y retrocede en el nivel académico a visiones del siglo XIX. 

La producción científica de alto impacto en Sudamérica ha sufrido una merma en los últimos años. El Perú ha descendido al sexto lugar solo sobre Venezuela y Bolivia, Brasil y Chile encabezan la lista, seguidos por Argentina y Colombia. Es decir, se desconoce que son las universidades nacionales las que investigan, pero en nuestro país éstas están en crisis, con rectores con índices cero como investigadores. La gran mayorí­a son administradores no cientí­ficos ni académicos de prestigio, por ello no sorprende que sean la última rueda del coche para los gobiernos. Los últimos congresos han sido caja de resonancia de las universidades negocio y cualquier preocupación en torno a la ciencia y la tecnología lo único que busca es la creación de burocracia. 

Tal es el caso de la propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología que es como adquirir un portaviones sin tener marineros, armamento ni misiles para el combate naval. Un plan realista debe considerar incentivar la curiosidad e indagación por la ciencia desde el colegio primario y secundario, educar en la investigación y la producción de conocimiento en el bachillerato universitario para en el postgrado formar cuadros innovadores e interdisciplinarios, pues la tecnociencia o posciencia del siglo XXI no separa los ámbitos entre las disciplinas experimentales, sociales y humaní­sticas, visión caduca desde mediados del siglo pasado. Con retórica no se logrará revertir el atraso y la dependencia cientí­fica y tecnológica.

En conclusión: la improvisación, el oportunismo y el populismo campean en nuestro escenario polí­tico nacional. Estamos a años luz de una auténtica reforma educativa que ha llevado a nuestros vecinos a tomar el camino del desarrollo sostenible. La educación está en manos de una clase polí­tica sin competencia alguna, solo interesada en conservar sus privilegios tecnocráticos que alienta la inestabilidad y la crisis porque les permite conservar sus privilegios en detrimento de la calidad de vida de la gran mayorí­a nacional. Estos tiburones de cuello y corbata son, para terminar con una frase de Honorá de Balzac, “un aparato burocrático gigante operado por pigmeos”.