Sin duda, la actual postura del Congreso de pretender quedarse hasta el 2026 muestra que, al margen de las promesas, ofrecimientos y frases retóricas de la campaña electoral, ocupan una curul no para servir a la Nación y al Estado, sino para servirse de ambos. Han logrado llegar a congresistas “por su plata”, como una anterior legisladora espetó iracunda, y buscan primero recuperar la inversión. Es decir, dieciocho meses sin emitir una sola ley para el desarrollo del país y dedicados a obstaculizar, denunciar, acusar al presidente de turno elegido hasta lograr su vacancia. Esta actuación es una clara evidencia de la angurria de poder de los últimos seis parlamentos, su afán de enriquecimiento y la carencia de honestidad y transparencia para cumplir con la labor de orientar a la nación hacia la unión, el dar las leyes que les señala la Constitución a favor del pueblo de donde reconocen emana su poder. Indolentes ante los muchos muertos y heridos han encarpetado y archivado el adelanto de elecciones en forma indefinida.

Ciegos y sordos al clamor popular que exige la convocatoria a elecciones inmediatas y el término del mandato parlamentario actual, los congresistas avalan con indiferencia la sangrienta represión injustificada del régimen cívico-militar de la presidenta Baliarte y el ministro Otárola, que ha ocasionado más de sesenta víctimas inocentes. Con la misma actitud cínica de los cinco congresos anteriores, los grupos parlamentarios de hoy defienden el disfrute por tres años y medio restantes de sus gollorías y altísimas remuneraciones sin haber cumplido con su labor congresal. Como se ha difundido en la prensa alternativa, la mayoría ha incrementado treinta veces sus ingresos, colocan a sus parientes y conocidos en labores afines para su gestión (asesorías, servicios, contratos, etc.), disfrutan de pasajes aéreos nacionales mensuales, resguardo policial, almuerzos, banquetes y otros beneficios que los hacen ver como el nuevo grupo privilegiada del país.

Como señalamos en una anterior entrega, si como nación en cinco años hemos tenido seis presidentes, esta notoriedad negativa no responde a causas externas exclusivamente (corrupción, violencia, incapacidad, etc.), sino sobre todo a factores internos que están relacionados con nuestra inmadurez política para sufragar. Gran parte de la crisis de gobernabilidad que vivimos desde hace dos décadas obedece a la constatación de que la población ha votado por los mismos partidos o agrupaciones partidarias que durante reiteradas campañas prometieron gobernar a favor del desarrollo y atender las demandas de la población injustamente postergadas. Sin embargo, ya en el poder repitieron conducta y posiciones contrarias, al servicio de los grupos económicos, las transnacionales y los sectores privilegiados del país.

La tendencia mayoritaria en los procesos electorales del país, por parte de la población, es votar por candidatos en base al carisma o la simpatía que encarnan, sin atender a sus programas, sus trayectorias y conocimientos ni a su solvencia ética como profesionales. La equivocación que acarrea estas motivaciones subjetivas y aparenciales explican el que todos los presidentes hayan terminado enjuiciados y encerrados en prisión, pero obviamos que nosotros tenemos parte de la responsabilidad porque votamos por ellos. Ha sido una constante en los sucesivos procesos electorales que los peruanos no dediquemos el tiempo necesario para evaluar en forma objetiva nuestro voto. Hemos elegido a los representantes de los cinco o seis mismos partidos, a pesar de sus antecedentes y la reiteración de sus falsas promesas de enmienda. 

Si han obtenido una votación suficiente para repetir sus fechorías es por nuestra ligereza e inmadurez política. Esto confirma que la gran mayoría de votantes peruanos son superficiales y asumen una postura simplista y apresurada, recurrente frente a las urnas. Si realmente queremos sancionar a estos dirigentes políticos corruptos y sinvergüenzas en el próximo proceso electoral, que no sabemos exactamente cuándo será, no votemos otra vez por las mismas agrupaciones políticas que se siguen burlando de nuestra esperanza. Recordemos sus símbolos para no volver a votar o respaldar a ninguno de los siguientes partidos: Acción Popular, Fuerza Popular, Alianza para el progreso, Renovación Popular, Avanza País, Juntos por el Perú y Perú Libre. Muchos de estos son como vientres de alquiler: en cada nueva elección cambian de agrupación gracias al dinero que sirve para que los mismos rostros descaradamente delincuentes se reciclen. Futuros congresistas que falsifican certificados de estudio, ocultan tener procesos judiciales y reinciden en cuando a conductas dolosas. Evitemos tropezar nuevamente con la misma piedra.

La inevitable reforma del sistema político nacional exige una respuesta colectiva de rechazo a estas castas vividoras que juegan con las aspiraciones de la población, propician la polarización y muestran una incompetencia e ignorancia escandalosa. La crisis de gobernabilidad del país no se solucionará sin la conciencia de los ciudadanos de ejercer un voto informado, meditado y responsable a favor de planes o propuestas de gobierno, no sobre imágenes, promesas y demagogia. Deberíamos tener un registro nacional de todos los candidatos, funcionarios, representantes e integrantes de los órganos y entidades de gobierno que han delinquido, mentido, ocultado y favorecido a la corrupción institucionalizada para impedir su retorno permanente en cada nuevo proceso electoral. Camino a exigir como una primera ley del próximo congreso la muerte civil de todo miembro de las castas corruptas incluido en dicho registro, empecemos por asumir con responsabilidad el ejercicio esencial de la democracia: la elección de nuestro mandatario y los representantes en el congreso, pues quienes eligen por simpatía y rostros a corruptos, analfabetos políticos y delincuentes cínicos no son víctimas, sino cómplices. 

Para terminar, debemos reiterar que hay que señalar que se trata de dos elecciones distintas: la del presidente y la de los congresistas. El presidente dirigirá el poder ejecutivo del Estado y serán los congresistas elegidos aquellos que deben aprobar leyes a favor del desarrollo sostenible. No necesariamente el mejor candidato a jefe de Estado tendrá los mejores parlamentarios, ni tampoco la dispersión de los votos en muchos grupos congresistas facilita la decisiones consensuadas o dialogadas, sino todo lo contrario. Una representación congresal de muchos grupos con poco peso político atenta contra la autonomía de la independencia de poderes y los planes a largo plazo, porque incentiva el oportunismo y el afán de lograr en el futuro cercano un mayor número de escaños e incluso la presidencia. Nuestra responsabilidad radica en votar con conciencia para evitar se perennicen representantes parlamentarios que solo busquen servirse del Estado en lugar de servir a la nación, como estamos lamentablemente constatando en estos días de muertes, conflictos y división entre peruanos. Asimismo, la responsabilidad no acaba producida la elección, sino implica un seguimiento a los elegidos para confirmar el cumplimiento de sus promesas y propuestas. Votar por planes y propuestas, no botar por basura para el próximo congreso. (Ilustración: El Comercio)